Hace cuatro décadas varios países de América Latina emprendieron transiciones hacia formas de gobierno más democráticas. La inestabilidad, los regímenes militares o no democráticos, los conflictos sociales, la dependencia económica, inmigración y desplazamiento y las violaciones de los derechos humanos eran temas comunes en la región antes de las transiciones. En el contexto del marco de la Guerra Fría que todavía estaba vivo en la década de 1980, las transiciones marcaron un alejamiento de un entorno global polarizado. A medida que la mayoría de los países de América Latina hacían la transición hacia regímenes y sociedades más democráticas, surgieron esperanzas y aspiraciones para mejorar oportunidades, generar más estabilidad y escribir un nuevo capítulo que finalmente podría cosechar los frutos del potencial socioeconómico. Además, la ola democrática redujo las posibilidades para regímenes ideológicos radicales, de derecha o de izquierda.  Hoy, sin embargo, América Latina se encuentra nuevamente en la cúspide de retroceder hacia el caos, la desesperación, el conflicto, la pobreza y normalizar una enorme polarización interna en el continuo izquierda-derecha. Recientemente escribí un artículo tratando de explicar por qué América Latina, una región tan rica en todo tipo de recursos, se encuentra nuevamente en un círculo vicioso peligroso sin poder proveer para la mayoría de sus ciudadanos y estancada en viejas fórmulas en medio de nuevos desafíos. Incluso antes del Covid-19, los signos de frustración con las políticas gubernamentales eran visibles. ¿Qué pasó con las perspectivas democráticas en América Latina?

Del Sol a las Tormentas

El simbolismo de la caída del Muro de Berlín en 1989 marcó una nueva era para el cambio y la expansión de los derechos humanos a nivel mundial. Luego de un complicado proceso de estabilización económica, América Latina avanzó en el establecimiento de nuevos parámetros económicos que marcaron el comienzo de una recuperación relativa y dinámica. En los primeros años del siglo XXI, América Latina había logrado transformar su panorama socioeconómico. América Latina registró en 2013 la menor incidencia de pobreza y la mayor expansión de la clase media. Además, para 2015 los países de América Latina redujeron las tendencias de desigualdad. Asimismo, las economías latinoamericanas lograron enfrentar la crisis económica global entre 2003-2013. No obstante, para el 2016 todos los indicios apuntaban al final de la llamada era del “boom” y al regreso de la volatilidad y la incertidumbre. La fuerte dependencia en industrias extractivas y la falta de estrategias sostenidas generaron una brecha entre la expansión de las expectativas de los ciudadanos y la capacidad de los gobiernos para cumplir. Se produjeron protestas sociales masivas entre 2019-2020, a medida que la pandemia de Covid-19 se hacía más visible.

Paralelamente, durante el mismo período de la dinámica de auge y caída en la dimensión socioeconómica, la dimensión democrática en América Latina permaneció algo restringida. Los países comenzaron a tener más elecciones nacionales, así como elecciones subnacionales. Según el análisis de International Idea, hoy América Latina tiene el puntaje más alto a nivel mundial en participación electoral. Asimismo, el análisis apunta a avances prometedores en América Latina en materia de igualdad política de género. Sin embargo, en perspectiva, el apoyo a las instituciones democráticas en América Latina se ha reducido en las últimas dos décadas. Según datos de LAPOP, desde 2008 se ha producido una disminución constante del apoyo a la democracia en América Latina. En la última métrica de 2018/19, el 57,7% de los encuestados regionalmente indicó su apoyo a la democracia, una disminución del 0.5% de la encuesta de 2016/17. El apoyo a la democracia proviene de las cohortes más educadas, las más ricas y las de mayor edad. LAPOP también muestra que desde 2004 hay un declive en el apoyo a los principales componentes de un sistema democrático (respeto por las instituciones políticas, orgullo por el sistema político, los tribunales garantizan juicios justos, los derechos básicos están protegidos). Además, aunque hay una variación entre países, la confianza en las instituciones democráticas, como los partidos políticos, los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno y las elecciones, también está mostrando tendencias de deterioro desde 2004 según LAPOP.

Desde 2009, los datos del Latinobarómetro muestran una fuerte caída en la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, en gran parte debido a la corrupción persistente y al aumento de formas autoritarias de gobierno. Los datos del Latinobarómetro también muestran que entre 2006 y 2018, los encuestados que dicen que en América Latina la gobernabilidad es para “que unos pocos grupos exclusivos y poderosos aumenten su propio beneficio,” incrementaron de 61% a 79% respectivamente.  Esto es un incremento total de 18 puntos porcentuales. Como argumentamos en otro artículo, la creencia de que el gobierno está beneficiando a unos pocos se nutre de los bajos niveles de confianza en el gobierno, en el sistema de justicia, en la legislatura / congreso y en la confianza interpersonal, así como una baja satisfacción con la democracia. De igual manera, se puede argumentar que los bajos niveles de confianza institucional y personal y la baja satisfacción con la democracia alimentan la creencia de que el gobierno es para unos pocos y no para muchos.

De Democracia Delegativa a Caudillismo 102

Guillermo O’Donnell’s imprimió en 1994 el concepto de Democracia Delegativa, para analizar las nuevas democracias en América Latina y otros lugares. Básicamente, el concepto se refiere a regímenes democráticos en los que el presidente y el Congreso son elegidos democráticamente, pero en los que los mecanismos de rendición de cuentas son frágiles. Esta tendencia se exacerbó durante las últimas décadas en muchos países de América Latina, en gran medida debido a que el sistema político de América Latina está fuertemente inclinado hacia presidentes fuertes con poder ilimitado, y otras instituciones como el legislativo y el judicial quedan eclipsadas en ese contexto. Los presidentes piensan que estas otras ramas del gobierno son un obstáculo en el proceso de toma de decisiones y, con el tiempo, su respectiva importancia ha disminuido debido a que son constantemente eludidas o capturadas por los presidentes y el Ejecutivo. Los congresos y legislaciones en gran parte de América Latina son débiles y no han jugado un papel constructivo y / o fiscalizador del Ejecutivo.  Por su parte, los poderes judiciales en América Latina han pasado de los sistemas inquisitoriales a los adversarios, y estos esfuerzos han comenzado a hacer que la justicia sea más transparente, eficaz y justa. Muchos países latinoamericanos también han aprobado medidas anticorrupción específicas. Sin embargo, a pesar de ese progreso, la rama judicial sigue siendo débil.

La falta de reformas para fortalecer la gobernabilidad democrática en la mayor parte de la región ha creado un círculo vicioso. Los presidentes fuertes han ignorado o capturado los mecanismos de rendición de cuentas horizontales (desde dentro del estado), utilizan las elecciones como instrumento de rendición de cuentas vertical (desde fuera del estado) y, en casos extremos como Venezuela y Nicaragua, los regímenes autoritarios han cerrado el espacio cívico y, por lo tanto, han cerrado cualquier tipo de rendición de cuentas vertical. Además, el discurso populista en las elecciones, de derecha o de izquierda, sigue realzando la falsa narrativa de que los hombres fuertes son el Estado y juntos pueden resolver rápidamente todos los problemas. La narrativa de la izquierda afirma que pueden promover la integración social y el desarrollo endógeno, así como ser una defensa frente a los intereses neoliberales y capitalistas, que en su argumentación quieren aprovechar su patrimonio. La narrativa de la derecha afirma que, con las políticas económicas neoliberales y el comercio económico, el desarrollo se expandirá y ayudará a mantener la tradición y los valores conservadores. En realidad, el discurso populista, enmarcado en el continuo de izquierda o derecha o sus versiones radicales como el socialismo o la extrema derecha, ha demostrado ser perjudicial para consolidar los regímenes democráticos en América Latina.

Existe evidencia que respalda el argumento de que las llamadas políticas neoliberales no pueden sostener la reducción de la pobreza, la desigualdad y la dependencia. Pero también existe evidencia sobre el llamado modelo no liberal (bautizado con diferentes nombres en diferentes países), y cómo ese modelo no puede resolver problemas estructurales que causan desperdicio, corrupción y dependencia del desarrollo extractivo. El discurso populista no apunta a reparar sistemas e instituciones públicas que funcionan mal, sino más bien promueve acciones para debilitarlas aún más y dar lugar al levantamiento del líder carismático y autoritario que “salvará” a la nación del capitalismo o del socialismo. Como han argumentado Fernando Calderón y Manuel Castells, este tipo de regímenes sobreviven a costa de instituciones débiles, desintegración social, desesperación y frustración, pero paradójicamente utilizan las elecciones para legitimar su poder.

La Gráfica 1 muestra el análisis de la relación entre el porcentaje de ciudadanos en cada país que apoyan la democracia utilizando los últimos datos de LAPOP y el puntaje del país en el Índice de Democracia Electoral de V-Dem. Como puede verse, existe una correlación positiva entre estas dos variables que sustenta la hipótesis de que el apoyo a la democracia es fundamental para la vitalidad de la democracia.

¿Cómo la Falta de Libertades Perpetúa las Tendencias Autoritarias en América Latina?

De acuerdo al último informe sobre la libertad en el mundo 2021 de Freedom House recientemente publicado, 9 países en America Latina fueron clasificados de libres, 11 de parcialmente libres, y 3 de no libres (ver Gráfica 2).   En el 2021, en 13 de los 23 países en America Latina se registró un deterioro en el índice de libertad.  El Salvador lideró ese grupo con un deterioro neto de -3 puntos, seguido de Venezuela con un deterioro neto de -2 puntos, y Brasil, Colombia, Cuba, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y Perú todos con un deterioro del índice de -1 respectivamente.  Solo 5 países en America Latina registraron mejoras en su índice (Surinam +3, Bolivia +3, Chile +3, Ecuador +2, Belice +1), mientras que en 5 (Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Paraguay, y Uruguay) no hubo cambios.

Una combinación de factores ha erosionado lentamente las libertades en la mayor parte de América Latina durante las últimas dos décadas. Un análisis retroactivo de las tendencias en los últimos quince años, el deterioro de las libertades puede atribuirse a una disminución constante en todas las subcategorías utilizadas por Freedom House para medir los derechos políticos y las libertades civiles. Por ejemplo, en derechos políticos en América Latina, el cambio de puntaje agregado promedio durante los últimos 15 años en los procesos electorales fue de -7%, en pluralismo político y participación -4% y en funcionamiento del gobierno -1%. Con respecto a las libertades civiles, el cambio promedio en la puntuación agregada durante los últimos 15 años fue de -5% para la libertad de expresión y creencias, -9% para los derechos de asociación y organización, -3 para el estado de derecho y -2% en los derechos de autonomía personal y derechos individuales. Si bien en otras regiones, como Eurasia, África subsahariana, y en Oriente Medio y África del Norte, registraron peores tendencias que América Latina durante el período de 15 años, ninguna otra región tuvo las mismas oportunidades que America Latina para salir adelante y romper el ciclo de incumplimientos. promesas.

Mirando hacia 2011, por ejemplo, o las tendencias en una década para poner en perspectiva, seis países de América Latina han mostrado una disminución constante en sus puntajes generales de libertad: Venezuela -28, Nicaragua -24, El Salvador -12, -11, República Dominicana República -9, Haití -8 y Honduras -8.

En 2020, COVID-19 jugó un papel clave para acentuar y facilitar las tendencias autoritarias en América Latina. Muchos gobiernos retuvieron o distorsionaron información crucial, impusieron reglas de bloqueo excesivas o abusivas o utilizaron COVID-19 como una cortina para consolidar el poder y reprimir la disidencia. Por ejemplo, la puntuación de las libertades civiles de Colombia se redujo en un punto debido a casos en los que grupos armados aplicaron ilegalmente cierres estrictos relacionados con la pandemia, asesinaron a personas en puestos de control informales, obligaron a algunos a huir de sus hogares y atraparon a defensores de los derechos humanos y líderes sociales en lugares donde enfrentan amenazas de violencia. En Brasil, la pandemia tuvo un impacto adverso en la economía, particularmente en el sector laboral informal, que generó un desempleo récord y dejó a muchos brasileños dependientes de la asistencia pública temporal, afectó la igualdad de oportunidades y promovió una disminución en las libertades civiles. En El Salvador, bajo el disfraz de COVID-19, el gobierno suspendió las solicitudes de información pública, lo que negó a la población el acceso a información crucial relacionada con la salud. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas también aplicaron de manera desproporcionada estrictas medidas de encierro durante un período prolongado.

Revertir la Ola Autocrática en América Latina

Este 11 de septiembre marcará el vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, que es vinculante para todos los Estados miembros activos y los compromete a promover y defender la democracia. La combinación actual de retroceso democrático y una crisis económica y de salud pública que se avecina debido a la pandemia COVID-19 preparará el escenario para una inestabilidad significativa en el corto plazo  para muchos países de América Latina, y las consecuencias probablemente dejarán a los gobiernos agobiados por los déficits paralizantes, y enfrentando airadas demandas de los votantes para que se tomen medidas contra la pobreza y mejoren los servicios públicos.

Como señaló el premio Nobel de economía Amartya Sen, la libertad puede ser tanto un fin como un medio de desarrollo. Las libertades instrumentales clave, como los derechos políticos, las libertades civiles, el acceso a la información, los medios de comunicación independientes y los sistemas educativos libres de adoctrinamiento, ofrecen a los individuos y grupos oportunidades para ampliar sus opciones y mejorar sus vidas. Como señala Sen, cuando las personas y los grupos se ven privados de estas libertades, sobreviene la desigualdad, la pobreza y la desesperación. Ha llegado el momento de cambiar el rumbo hacia una gobernabilidad democrática más fuerte y sostenible.

Ya desde el 2004, hubieron llamados para un nuevo contrato social como solución. Sin embargo, no hubo acciones concretas.  Ahora América Latina necesita nuevas instituciones democráticas, nuevos líderes, nuevos sistemas y nuevas aspiraciones. El cliché, pensar fuera de la caja, encaja perfectamente en este momento de la historia. Hay una opción: permanecer con los regímenes autoritarios y dejar que los regímenes débiles caigan en el lado autoritario o apuntar alto hacia el fortalecimiento de los regímenes democráticos, la lucha contra el autoritarismo y la creación de una alianza democrática hemisférica. Chile y Uruguay parecen ofrecer alguna esperanza potencial, no solo en términos de una reforma constitucional en el caso de Chile, sino también en cómo descentralizar la gobernabilidad democrática a las unidades de gobierno subnacionales. Canadá y Estados Unidos también deben desempeñar un papel más activo en la promoción de la democracia y elevarla a un nivel de interés y seguridad nacional. Este es el momento de preguntarse si los sistemas presidenciales están funcionando bien y si son favorables para explorar sistemas parlamentarios. También es hora de ampliar las oportunidades de liderazgo de las mujeres y de que surja una nueva generación de liderazgo. Las organizaciones multilaterales regionales no pueden permanecer ambivalentes sobre el apoyo a la democracia. Finalmente, cualquier vestigio de democracia morirá si los ciudadanos no permanecen activos o si permanecen en silencio o neutrales.

No existe una solución o un plan mágico para revertir el creciente autoritarianismo en América Latina. Pero no hacer nada tiene tremendas consecuencias para millones de personas que quedarían sumidas en la pobreza y la desesperación. La renovación de la democracia en América Latina es un proyecto a largo plazo, pero no vendrá de los gobiernos, sino de la gente. La democracia es siempre un proceso inacabado y hay muchas oportunidades por delante para invertir en la agencia de la democracia. Pero no es un proceso automático, ya que requiere la apropiación de actores regionales, nacionales y locales, para promover valores democráticos y la inversión en instituciones democráticas.  Ojalá que el estado agonizante de la gobernabilidad democrática en América Latina hará sonar una alarma en la región y provoque llamados regionales y nacionales para defender la libertad y los derechos humanos.

*Fuente de la foto: Pexel, 2021

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